Hay una confusión monumental en el Ecuador, y duele verla de cerca tanto desde mi pupitre en la UTPL como desde mi escritorio de Jefe de Sistemas. Hemos caído en la trampa de creer que estamos modernizando el Estado cuando, en realidad, solo estamos comprando escáneres más rápidos. Informatizar el desorden no es innovación; es, de hecho, la manera más costosa de perpetuar la ineficiencia.
Pensemos en el trámite judicial promedio de nuestro país. Te piden un documento original, le sacas una copia, lo llevas a una ventanilla donde un funcionario (que probablemente está sobrepasado de trabajo) lo sella. Luego, ese documento se escanea y se guarda en un disco duro, generando un PDF torcido de 20 megabytes, para que finalmente lo suban a un sistema web que colapsa si hay más de 50 usuarios conectados. ¿El resultado? Plazos absurdos que violentan el derecho a la tutela judicial efectiva y colas físicas que ahora también son colas virtuales.
Informatizar el desorden vs. Transformar procesos
Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, lo que hacemos en el sector justicia es un despropósito. Tomamos un proceso que fue diseñado para el siglo XIX, con sus vicios, redundancias y lentitudes, y le pegamos una interfaz web. Eso no es transformación digital.
La verdadera transformación implica repensar el flujo desde cero. Si la ley requiere notificar a las partes, ¿por qué dependemos de un casillero físico o de correos electrónicos no verificados? Una justicia digital no mueve papeles (ni sus equivalentes digitales); mueve datos estructurados de forma segura e interoperable.
Digitalizar la burocracia no soluciona el problema; simplemente crea una burocracia con pantalla brillante.
El abismo frente al mundo
La frustración que siento no es pesimismo ciego, es la desesperación de saber que se puede hacer mejor. Basta con mirar a Estonia o, sin ir tan lejos, a Uruguay. En Estonia, el "e-File" es un sistema centralizado donde abogados, policías, fiscales y jueces trabajan sobre una sola fuente de verdad. No hay duplicación de datos. La autenticación se hace con identidad digital soberana. Los contratos y resoluciones son datos procesables, no imágenes escaneadas.
Mientras ellos ejecutan smart contracts y despachan trámites menores de manera automatizada, nosotros seguimos perdiendo audiencias porque un expediente físico de mil fojas se extravió en el archivo, o porque el sistema de sorteos "se cayó" coincidentemente cuando se asignaba un caso polémico. Como especialista en ciberseguridad, esto me alarma: un sistema frágil e inauditable es una puerta abierta a la corrupción institucionalizada.
El rol (bien entendido) de la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial no viene a reemplazar a los jueces, pero es criminal no usarla para desatascar el sistema. No necesitamos a un magistrado perdiendo horas revisando si un escrito cumple con requisitos de forma; una IA bien entrenada, con modelos de lenguaje específicos para nuestra jurisprudencia, puede hacer ese triaje en milisegundos.
Imaginemos un sistema donde la IA asista a los defensores públicos estructurando antecedentes, sugiriendo jurisprudencia vinculante (de la Corte Constitucional o Corte Nacional) de forma instantánea, y automatizando las tareas repetitivas de los secretarios. El factor humano debe quedar reservado para lo que la máquina no puede hacer: valorar la prueba de manera equitativa, empatizar y aplicar la sana crítica.
Es momento de exigir más
La tecnología existe, es más barata de lo que nos quieren hacer creer y hay jóvenes profesionales ecuatorianos —como los que veo a diario en el Tecnológico del Azuay— que tienen la capacidad técnica para implementarla. Lo que nos asfixia es la falta de voluntad política y el profundo analfabetismo digital de nuestras élites dirigenciales.
Los abogados del presente (porque el futuro ya nos pasó por encima) no pueden conformarse con reclamar porque el portal web de la función judicial está caído de nuevo. Debemos exigir un rediseño de arquitectura. Debemos exigir bases de datos relacionales robustas, APIs interoperables entre instituciones públicas, firmas electrónicas nativas y, por encima de todo, seguridad de la información por diseño.
La justicia que llega tarde no es justicia. Y en pleno 2026, la justicia que te exige hacer una fila con un PDF impreso, no solo es injusta; es francamente un insulto a nuestro tiempo y a nuestra inteligencia.
