A menudo me preguntan cómo es posible que alguien sea, al mismo tiempo, estudiante de Derecho en la UTPL, estudiante de Ciberseguridad en el ITSA y Jefe de Sistemas en una cooperativa financiera. Desde fuera, parecen mundos opuestos. El derecho se percibe como algo solemne, anclado en códigos centenarios, papel sellado y burocracia interminable. La ciberseguridad, en cambio, se ve como un campo vertiginoso, poblado por líneas de código, pantallas negras y una constante carrera contra el tiempo.
Pero cuando lo miras de cerca, la realidad es muy diferente: las leyes son, en esencia, el código fuente de nuestra sociedad. Y como cualquier código, están llenas de vulnerabilidades (bugs), procesos ineficientes y brechas de seguridad que alguien tiene que parchar.
El sistema judicial: Un sistema operativo obsoleto
Si la justicia ecuatoriana fuera un software, sería un sistema heredado de los años noventa corriendo en un servidor que nadie se atreve a reiniciar por miedo a que no vuelva a encender. Como Jefe de Sistemas, mi día a día implica optimizar recursos, proteger datos y garantizar que la infraestructura tecnológica de una cooperativa funcione sin fricciones. Como estudiante de Derecho, me enfrento a un sistema que aún idolatra el papel, donde un trámite puede tardar meses por falta de firmas físicas, y donde la "transformación digital" a menudo se entiende simplemente como escanear un PDF y mandarlo por correo.
Esta desconexión me frustra profundamente. En Ecuador, la falta de digitalización en la justicia no es solo una molestia administrativa; es una barrera de acceso. La justicia que tarda, o la justicia a la que no puedes acceder porque requieres estar presencialmente en tres ventanillas distintas a kilómetros de tu hogar, no es justicia.
La ciberseguridad y el derecho no son campos separados. Son dos caras de la misma moneda en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el siglo XXI.
La vulnerabilidad de nuestros datos
Hace poco, nuestro país fue testigo de filtraciones masivas de datos ciudadanos. Millones de registros expuestos: números de cédula, direcciones, historiales financieros. Desde mi óptica en la ciberseguridad, veo una arquitectura de datos frágil, construida sin los principios básicos de seguridad desde el diseño. Desde mi formación legal, veo una flagrante violación al derecho a la privacidad y una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que, si bien existe, aún lucha por encontrar dientes reales en su aplicación práctica.
Aquí es donde entra el "hacker". No me refiero al ciberdelincuente de las películas, sino al hacker en su sentido original: alguien que entiende un sistema a tal nivel de profundidad que puede desarmarlo, encontrar sus fallos y reconstruirlo para que funcione mejor. Necesitamos juristas que entiendan cómo funcionan las bases de datos descentralizadas, y necesitamos técnicos que comprendan el peso de la responsabilidad civil y penal. Necesitamos "hackear" el derecho.
Reflexiones desde el Consejo del Tecnológico del Azuay
Como miembro del Consejo del Tecnológico del Azuay, tengo la oportunidad de ver de primera mano el potencial que tienen nuestros jóvenes. El talento técnico en nuestra provincia es inmenso. Sin embargo, a menudo formamos excelentes profesionales técnicos que huyen de la gestión pública porque la perciben como un pantano de ineficiencia y corrupción.
Debemos cambiar esa narrativa. La innovación tecnológica en el sector público es la forma más directa de generar cambios reales en la vida de la gente. Automatizar un proceso judicial, asegurar la cadena de custodia de pruebas digitales mediante criptografía, o crear plataformas accesibles para denuncias ciudadanas seguras; eso es hacer justicia. Eso es construir Estado.
Acortando la brecha digital
La tecnología tiene el poder de democratizar. Una plataforma legal bien diseñada, intuitiva y segura puede hacer que un ciudadano en la ruralidad del Azuay tenga el mismo acceso a servicios legales que alguien en el centro de Cuenca o Quito. Pero para lograr esto, no basta con comprar software extranjero; necesitamos soberanía tecnológica y soluciones pensadas para nuestra realidad.
Para construir este futuro, el derecho necesita perder el miedo a la tecnología. Los abogados deben aprender de lógica de programación, no para escribir código, sino para estructurar argumentos más sólidos y entender los contratos inteligentes. Y los profesionales de IT deben acercarse a la política pública y al marco normativo, porque el mejor código del mundo no sirve si es ilegal o vulnera derechos humanos.
Un llamado a la acción (y a la reflexión)
Mi camino entre la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el Instituto Tecnológico Superior del Azuay (ITSA) no es una doble vida, es una síntesis necesaria. Me niego a aceptar que la gestión pública y la justicia en Ecuador deban ser lentas y opacas por defecto.
Estamos en un momento crítico. La Inteligencia Artificial, la automatización y las ciberamenazas no van a esperar a que nuestros códigos y juzgados se actualicen. O tomamos las riendas de esta transición y formamos a los profesionales híbridos que nuestro país necesita, o nos resignamos a ser víctimas de un sistema obsoleto.
Te dejo con esta pregunta: ¿De qué sirve tener leyes perfectas si el sistema operativo sobre el que corren está colapsado? Es hora de arremangarse, abrir la terminal y empezar a reescribir nuestro futuro. Juntos.
