La modernización del Estado ecuatoriano avanza de manera inexorable. Hoy en día, instituciones de control fiscal y financiero como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) han implementado sofisticados sistemas informáticos e Inteligencia Artificial (IA) para la detección de irregularidades. Como estudiante de Derecho en la UTPL y de Ciberseguridad en el ITSA, así como Jefe de Sistemas en el sector financiero cooperativo, observo con atención esta intersección donde la tecnología audita al ciudadano.
El Estado Vigilante: Big Data y Modelos Predictivos
El cruce de datos masivo ya no es ciencia ficción en Ecuador. El SRI utiliza herramientas analíticas para comparar los ingresos declarados, los gastos por tarjetas de crédito, las transacciones en el sistema financiero y el patrimonio. La UAFE procesa millones de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Todo esto está gestionado, cada vez más, por algoritmos de Machine Learning diseñados para identificar patrones anómalos.
El problema no radica en el uso de la tecnología para combatir la evasión fiscal o el lavado de activos, fines legítimos y necesarios. El conflicto surge en la opacidad de los algoritmos y la vulneración del debido proceso. ¿Qué ocurre cuando un modelo de IA comete un error, o peor aún, cuando incurre en un sesgo sistemático que perjudica al contribuyente?
El ciudadano no debe ser rehén de una caja negra algorítmica. Tiene el derecho constitucional a saber cómo y por qué una máquina lo ha clasificado como sospechoso o evasor.
El Principio de Explicabilidad y la LOPDP
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador es clara respecto a las decisiones automatizadas. Establece que todo titular de datos tiene derecho a no ser sometido a una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él.
Más importante aún, consagra el principio de explicabilidad. Si un algoritmo del SRI decide que un contribuyente tiene una discrepancia patrimonial no justificada e inicia un proceso de determinación, el Estado debe poder explicar, en términos comprensibles y auditables, los parámetros, la lógica y los datos utilizados por el sistema. "La computadora lo dijo" no es un argumento jurídico válido frente a las garantías constitucionales del derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La Defensa al Amparo de la Constitución
Ante una glosa o un reporte generado mayoritariamente por automatización, la defensa del contribuyente no puede limitarse a la contabilidad tradicional. Requiere una auditoría algorítmica. Los abogados del futuro (y del presente) debemos exigir la apertura de estas cajas negras. Debemos solicitar peritajes informáticos forenses que validen si los conjuntos de datos de entrenamiento estaban sesgados o si la lógica del sistema infringe principios de proporcionalidad.
Mi formación dual me ha convencido de que la seguridad jurídica hoy depende de la ciberseguridad y la transparencia algorítmica. Como desarrollo en mayor profundidad en mi obra, El Código de la Resiliencia, la verdadera protección del ciudadano frente al poder estatal requiere que las leyes entiendan de código y que los códigos respeten las leyes.
El Estado debe modernizarse, pero esa modernización no puede estar por encima de los derechos fundamentales. Exigir que los algoritmos rindan cuentas no es frenar el progreso; es garantizar que la inteligencia artificial se someta a la inteligencia de nuestra Constitución.
